Le llaman Zumosol. También lo nombran por sus siglas, O. P.
Los tres empresarios y dos altos cargos imputados en una trama de
presunta corrupción le tienen siempre presente. Creen que su relevancia
política es la mejor baza para los negocios que planean: amañar
concursos públicos para adjudicarse estaciones de ITV, conseguir
subvenciones y forzar cambios legislativos para hacer caja en el sector
de la energía. Y le cuidan, a él y a su familia. El sumario del caso, al
que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol Ferrusola, ocupa un lugar relevante como “colaborador necesario” en la trama.
El hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, es “el hombre encargado de aportar la influencia política” y de realizar “los movimientos oportunos” para “beneficiar” el proyecto de los empresarios involucrados. Las conversaciones telefónicas destapan la estrecha relación que la familia Pujol mantiene con el empresario Sergi Alsina. Este y la mujer del líder nacionalista, Ana Vidal Maragall, fueron socios en la firma Alta Partners, dedicada al asesoramiento empresarial. A través de una empresa en la que consta como administradora, Vidal emite diversas facturas a Alsina por conceptos genéricos que, según la investigación, podrían ser falsas.
Ni Pujol ni su esposa figuran como imputados en la investigación que dirige la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía. Pero la magistrada destaca, en un auto de septiembre de 2011, que existen “indicios racionales” de que Pujol forma parte de la estructura. En los pinchazos telefónicos, además, consta que Vidal pregunta al empresario y amigo de la familia cómo debe elaborar las facturas, qué conceptos ha de incluir e incluso si los importes que consignan deben ser cifras redondas o aproximadas.
Fuentes de Convergència negaron ayer la participación de Pujol en los negocios de la trama y recordaron que “no está procesado y ni siquiera ha declarado como testigo”. Esas mismas fuentes admitieron que conoce a Alsina desde hace tiempo, pero insistieron en que Pujol “no tiene ninguna empresa” ni participa “en ningún proyecto de negocio”, aunque sí mantiene una intensa agenda de contactos con empresarios.
El empresario Alsina también tiene “a sueldo” al político convergente Josep Tous, que el año pasado fue contratado a dedo por la Generalitat para “poner orden” en el sector de la inspección técnica de vehículos, inmerso en disputas judiciales. En una de las llamadas, Alsina le plantea la posibilidad de pagarle 2.000 euros al mes. Los funcionarios de Vigilancia Aduanera, que han liderado la investigación, consideran a Tous “la mano ejecutora de Oriol Pujol”. Ambos estudiaron juntos en la escuela de negocios IESE y trabajaron codo con codo en la anterior etapa de gobierno convergente, hasta 2003. Fue Pujol, de hecho, quien le propuso para ocupar el cargo de coordinador de la Diputación de Barcelona, un nombramiento frustrado por el estallido del caso.
La designación de Tous y de un nuevo subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, perseguían el mismo objetivo, según la investigación: conseguir la anulación de un concurso público de estaciones de ITV que había sido adjudicado por el tripartito. A partir de ahí, el objetivo —que no se ha llegado a concretar— era conseguir más adjudicaciones a medida. Para ello, otro de los imputados, el empresario Ricard Puignou —responsable de la empresa de certificación Certio—, recurrió el concurso en los tribunales. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José Joaquín Ortiz Blasco, que también está siendo investigado, acordó las medidas cautelares que solicitó Puignou. Poco después de esa decisión, Pujol llamó a Alsina: “A Ricard le han dado las cautelares, que anulan el concurso”.
En esa fecha (mayo de 2011) la trama ve la oportunidad ideal para buscar, a través de la influencia política, que las futuras adjudicaciones beneficien a una nueva empresa que va a crearse y a la que están vinculados Alsina, Sergio Pastor —otro de los empresarios imputados—, así como responsables de la multinacional Ficosa. “Te van a dar una ITV, ¿es que no la quieres? Si te puedes ganar seis millones de euros en esta operación tranquilamente, qué más quieres”, le dice Alsina a un alto cargo de Ficosa, según consta el sumario. A cambio de interponer el recurso, el empresario Puignou conseguiría “una estación de ITV más” para ampliar el negocio, según las conversaciones.
Los imputados hacen el cuento de la lechera y sostienen que el dinero que consigan con las ITV es una suerte de “adelanto” para financiar el verdadero proyecto “de recorrido y a largo plazo”, dice Alsina: la eficiencia energética. Según los informes de Hacienda, los imputados pretenden “realizar certificaciones energéticas, primero en edificios industriales y públicos, y luego en residenciales”. Para ello, quieren introducir, a través de sus políticos, enmiendas legislativas que hagan “obligatorias” las inspecciones a hogares. Pastor llega a proponer a Tous que el ciudadano pague 50 euros por cada revisión. El mediador designado por la Generalitat supuestamente para pacificar el sector de las ITV responde a Pastor que le haga llegar una propuesta para ver “dónde puede colocar la enmienda”. Tous añade que debe comentar ese asunto a Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU en el Congreso de los Diputados.
En ese futurible negocio a propósito del ahorro energético está prevista la participación de Oriol Pujol. Así lo afirman los investigadores en función de las conversaciones telefónicas. El líder de CiU se interesa a menudo por la evolución del tema, aunque no figura en la empresa creada ad hoc para impulsarlo. En una de las llamadas, Pastor dice que debe ocuparse de constituirla “un abogado de confianza de Zumosol que lo elija él”. Poco después, Alsina habla con el letrado, Modesto Llopis.
Alsina procura “informar en todo momento” a Pujol del estado de las negociaciones y “celebrar reuniones con él”, recoge el informe de Hacienda. Los seguimientos al “investigado” Oriol Pujol constatan que mantuvo “reuniones de negocio” con los empresarios en un céntrico restaurante de Barcelona, que servían para “dar un impulso” a los proyectos al transmitirles su apoyo.
Los empresarios discuten sobre el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el proyecto. Y coinciden en que deben usar sus contactos, de entrada, para conseguir “financiación a través de subvenciones públicas”, según el auto judicial. Se marcan un objetivo: 200.000 euros. En julio del año pasado, Pastor expresa sus temores. “Si te dan una subvención para montar una empresa y con esa empresa además te dan un concurso, los van a meter en el trullo”. Y añade que hay quien “está vociferando que van a rifar una ITV” y que el tema puede ser un escándalo “porque han choriceado a un juez”, en alusión a la supuesta implicación del juez que suspendió el concurso.
Sus temores no eran infundados. En marzo, y sin que los proyectos llegasen a cuajar, fueron detenidos por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, contra la hacienda pública y malversación.
El hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, es “el hombre encargado de aportar la influencia política” y de realizar “los movimientos oportunos” para “beneficiar” el proyecto de los empresarios involucrados. Las conversaciones telefónicas destapan la estrecha relación que la familia Pujol mantiene con el empresario Sergi Alsina. Este y la mujer del líder nacionalista, Ana Vidal Maragall, fueron socios en la firma Alta Partners, dedicada al asesoramiento empresarial. A través de una empresa en la que consta como administradora, Vidal emite diversas facturas a Alsina por conceptos genéricos que, según la investigación, podrían ser falsas.
Ni Pujol ni su esposa figuran como imputados en la investigación que dirige la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía. Pero la magistrada destaca, en un auto de septiembre de 2011, que existen “indicios racionales” de que Pujol forma parte de la estructura. En los pinchazos telefónicos, además, consta que Vidal pregunta al empresario y amigo de la familia cómo debe elaborar las facturas, qué conceptos ha de incluir e incluso si los importes que consignan deben ser cifras redondas o aproximadas.
Fuentes de Convergència negaron ayer la participación de Pujol en los negocios de la trama y recordaron que “no está procesado y ni siquiera ha declarado como testigo”. Esas mismas fuentes admitieron que conoce a Alsina desde hace tiempo, pero insistieron en que Pujol “no tiene ninguna empresa” ni participa “en ningún proyecto de negocio”, aunque sí mantiene una intensa agenda de contactos con empresarios.
El empresario Alsina también tiene “a sueldo” al político convergente Josep Tous, que el año pasado fue contratado a dedo por la Generalitat para “poner orden” en el sector de la inspección técnica de vehículos, inmerso en disputas judiciales. En una de las llamadas, Alsina le plantea la posibilidad de pagarle 2.000 euros al mes. Los funcionarios de Vigilancia Aduanera, que han liderado la investigación, consideran a Tous “la mano ejecutora de Oriol Pujol”. Ambos estudiaron juntos en la escuela de negocios IESE y trabajaron codo con codo en la anterior etapa de gobierno convergente, hasta 2003. Fue Pujol, de hecho, quien le propuso para ocupar el cargo de coordinador de la Diputación de Barcelona, un nombramiento frustrado por el estallido del caso.
La designación de Tous y de un nuevo subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, perseguían el mismo objetivo, según la investigación: conseguir la anulación de un concurso público de estaciones de ITV que había sido adjudicado por el tripartito. A partir de ahí, el objetivo —que no se ha llegado a concretar— era conseguir más adjudicaciones a medida. Para ello, otro de los imputados, el empresario Ricard Puignou —responsable de la empresa de certificación Certio—, recurrió el concurso en los tribunales. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José Joaquín Ortiz Blasco, que también está siendo investigado, acordó las medidas cautelares que solicitó Puignou. Poco después de esa decisión, Pujol llamó a Alsina: “A Ricard le han dado las cautelares, que anulan el concurso”.
En esa fecha (mayo de 2011) la trama ve la oportunidad ideal para buscar, a través de la influencia política, que las futuras adjudicaciones beneficien a una nueva empresa que va a crearse y a la que están vinculados Alsina, Sergio Pastor —otro de los empresarios imputados—, así como responsables de la multinacional Ficosa. “Te van a dar una ITV, ¿es que no la quieres? Si te puedes ganar seis millones de euros en esta operación tranquilamente, qué más quieres”, le dice Alsina a un alto cargo de Ficosa, según consta el sumario. A cambio de interponer el recurso, el empresario Puignou conseguiría “una estación de ITV más” para ampliar el negocio, según las conversaciones.
Los imputados hacen el cuento de la lechera y sostienen que el dinero que consigan con las ITV es una suerte de “adelanto” para financiar el verdadero proyecto “de recorrido y a largo plazo”, dice Alsina: la eficiencia energética. Según los informes de Hacienda, los imputados pretenden “realizar certificaciones energéticas, primero en edificios industriales y públicos, y luego en residenciales”. Para ello, quieren introducir, a través de sus políticos, enmiendas legislativas que hagan “obligatorias” las inspecciones a hogares. Pastor llega a proponer a Tous que el ciudadano pague 50 euros por cada revisión. El mediador designado por la Generalitat supuestamente para pacificar el sector de las ITV responde a Pastor que le haga llegar una propuesta para ver “dónde puede colocar la enmienda”. Tous añade que debe comentar ese asunto a Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU en el Congreso de los Diputados.
En ese futurible negocio a propósito del ahorro energético está prevista la participación de Oriol Pujol. Así lo afirman los investigadores en función de las conversaciones telefónicas. El líder de CiU se interesa a menudo por la evolución del tema, aunque no figura en la empresa creada ad hoc para impulsarlo. En una de las llamadas, Pastor dice que debe ocuparse de constituirla “un abogado de confianza de Zumosol que lo elija él”. Poco después, Alsina habla con el letrado, Modesto Llopis.
Alsina procura “informar en todo momento” a Pujol del estado de las negociaciones y “celebrar reuniones con él”, recoge el informe de Hacienda. Los seguimientos al “investigado” Oriol Pujol constatan que mantuvo “reuniones de negocio” con los empresarios en un céntrico restaurante de Barcelona, que servían para “dar un impulso” a los proyectos al transmitirles su apoyo.
Los empresarios discuten sobre el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el proyecto. Y coinciden en que deben usar sus contactos, de entrada, para conseguir “financiación a través de subvenciones públicas”, según el auto judicial. Se marcan un objetivo: 200.000 euros. En julio del año pasado, Pastor expresa sus temores. “Si te dan una subvención para montar una empresa y con esa empresa además te dan un concurso, los van a meter en el trullo”. Y añade que hay quien “está vociferando que van a rifar una ITV” y que el tema puede ser un escándalo “porque han choriceado a un juez”, en alusión a la supuesta implicación del juez que suspendió el concurso.
Sus temores no eran infundados. En marzo, y sin que los proyectos llegasen a cuajar, fueron detenidos por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, contra la hacienda pública y malversación.
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