Tierra sensible
Por: Lali Cambra
Pensaba en la cosa de la tierra el otro día, regresando de la reunión en Paarl sobre la xenofobia. En lo difícil que es. Si hace unos años era el 3%, ahora estamos en poco más del 4% en tierras redistribuídas a manos negras en Sudáfrica, un proceso, el de redistribución, sancionado por el Parlamento y que se consagra en la Constitución. Al final del apartheid, el 86% de la tierra cultivable, el 68% de la superficie del país, se concentraba en manos blancas, 60.000 agricultores comerciales. Se calculaba que unos 13 millones de negros practicaban agricultura de subsistencia (en el 13% del territorio)
El plan aprobado en 1997 por el gobierno pretendía “dar a los pobres acceso a tierra con objetivos residenciales y productivos para mejorar su economía y su calidad de vida (…). Estará basada principalmente en acuerdos basados en compra-venta voluntaria de tierra”. También acordaba la restitución de tierras a aquellos que les habían sido usurpadas después de 1914 por políticas raciales (o compensación monetaria por ellas) y promulgaba derechos a trabajadores del campo o aquellos que cultivan y viven en tierras de propiedad ajena. Se pretendía que en 2016 el 30% de la tierra agrícola esté en manos de la población negra, una cifra que va a ser muy difícil de conseguir, habida cuenta el ritmo llevado hasta ahora.
Tanto o más preocupante es que, de acuerdo con varias ONG, cerca de un millón de trabajadores del campo han sido expulsados de las fincas en las que trabajaban entre 1994 y 2004. El sector agrícola ha sufrido de la cesión de subvenciones estatales, la entrada en un mercado internacional muy competitivo, sequías prolongadas o la obligación de pagar a sus trabajadores un salario mínimo. La agricultura ya no tiene el peso que tenía en Sudáfrica hace unas décadas. Se calcula que ya no son 60.000 los propietarios, sino 40.000. Abandonan el sector.
También están encajando los niveles de criminalidad elevados en el país. No son pocos los que se sienten asediados y claman que tras los asesinatos contra los propietarios de tierras habría una campaña para sacarlos de sus fincas. Sindicatos agrícolas aseguran que han sido 3.000 los asesinatos de agricultores blancos desde 1994. La policía no mantiene las mismas cifras y las reduce a 861 desde 2001 (son 18.000 los asesinatos al año en todo el país, la mayoría de las víctimas, negras). Aún así, la violencia desmesurada utilizada por algunos de los agresores sí alimenta rumores de antiguos agravios por posesión de tierra. Un comité de investigación en los asesinatos en las áreas rurales dictaminó en 2003 que sólo un 2% podría tener un motivo político o racial. Pero no deja de preocupar la sensación de asedio, evidenciada nuevamente en el asesinato del ultraderechista Terre´Blanche, al parecer por una disputa laboral con dos de sus trabajadores.
El gobierno ha culpado a los agricultores blancos de la lentitud del proceso de redistribución de tierras, por pretender vender por encima de los precios del mercado, algo que las asociaciones de agricultores desmienten: dicen sufrir también de la lentitud del proceso, dado que una vez su tierra ha sido designada para ser restituída, el proceso judicial de años que se abre (o de negociación de precios), les deja en una situación de impotencia, ¿qué plantar?, ¿seguir invirtiendo en el campo?, ¿por cuántos años?, ¿dónde invertir, dónde comprar nueva tierra?.
Y el gobierno es plenamente consciente del fantasma de Zimbabue, país en la bancarrota causada principalmente por la expropiación forzosa, violenta, de las fincas en manos de blancos. Zimbabue, según el tópico, era la despensa de Africa. Ya no más y son miles, sino millones, de zimbabuenses los que han huído de la desesperación económica para buscar una vida mejor en Sudáfrica. Dicen que fueron precisamente los trabajadores del campo de Zimbabue los que quedaron en peor situación tras las expropiaciones: perdieron salario y casa en muchos casos, en fincas que se dejaron perder, en manos de nuevos propietarios sin conocimientos agrícolas. Ahora los zimbabuenses compiten con los sudafricanos por puestos de trabajo en un campo que se va haciendo más pequeño, en un mercado laboral que se va haciendo más sofisticado, menos necesitado de mano de obra no especializada. Los analistas consideran que una reforma agrícola es necesaria, más rápida, más controlada, más supervisada para asegurar su sostenibilidad, su éxito comercial, la transferencia de conocimientos. Algunos proyectos ya hay en marcha, donde se llega a acuerdos comerciales para la copriedad de fincas, la instalación conjunta de cooperativas. Se diría que faltan más.
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